Influencia de la informalidad  en la congestión vehicular en Lima.

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En el Perú, el porcentaje de incremento de la informalidad en el transporte ha aumentado  en los últimos años a pesar del creciente desarrollo económico de la nación. Según estadísticas del Servicio de Administración Tributaria de Lima recuperadas por el Diario El Comercio, son sancionados aproximadamente 46 choferes informales al día, es decir, dos cada hora. Este hecho trae como consecuencia diversos problemas, entre ellos, el estancamiento del tráfico en Lima. En efecto, la informalidad “está constituida por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica“(BCRP, 2016).  En el ámbito del transporte, esta actividad ilícita opera a través de cualquier vehículo móvil (coasters, taxis, mototaxis, combis, etc.) sin control alguno por parte de las entidades estatales. En este texto, se explicarán los diversos factores que influyen en el incremento de informalidad en Lima.

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La informalidad del transporte público en Lima es generada por múltiples factores, pero uno de los más influyentes es el déficit de la fiscalización en nuestra sociedad. Un hecho de este factor es la falta de organización en la creación de entidades estatales que son las responsables de controlar el transporte público en la capital. Para erradicar este problema, el Congreso promulgó la Ley N’30900, con la que se crearía un nuevo organismo encargado de este problema llamado ATU (Autoridad de Transporte Urbano), que contaría con un consejo directivo conformado por ocho integrantes elegidos cada cinco años. Sin embargo, pese al tiempo de su creación (más de seis meses), la ATU todavía no cuenta con presupuesto ni con un presidente electo para poner en marcha esta nueva organización. Bajo este contexto, el funcionamiento oficial de la ATU ha sido retrasado mes tras mes. Por lo tanto, los choferes informales continúan con su turbio negocio sin la preocupación de ser sancionados en el futuro. Sin embargo, este no es único factor por el que dicha organización todavía no ejerce todas sus funciones ya mencionadas. Para empezar, este problema prevalece  desde hace unos años atrás, cuando las Municipalidades de Lima y Callao difirieron en algunas restricciones en la circulación de vehículos que servían de transporte. Esto generó la proliferación del transporte informal debido a ciertas rutas superpuestas de ciertas líneas de combis y coasters hasta la fecha. Aun así, el Concejo Provincial del Callao indicó que la creación del ATU solo obstaculizaría el desenvolvimiento del transporte y limitaría las competencias de la Gerencia de Transporte de dicha región. Como consecuencia, la fiscalización ha sido truncada y dejada de lado, sin que se logre un control total en Lima.

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Esta situación política afecta directamente la calidad del transporte público en nuestra capital. La primera consecuencia es el incremento del transporte informal urbano. A pesar de todos los esfuerzos del Estado por erradicar este problema a través de la incorporación de flotas de unidades de transporte para la población, no cubren completamente las necesidades requeridas por los usuarios. Estos casos los podemos apreciar en artículos de diversos medios, donde usuarios de El Metropolitano esperan más de media hora por un bus y las largas colas que se producen durante la llegada de uno de los vehículos. Por esta razón, los pasajeros suelen acudir al uso del transporte informal, debido a que son “rápidas y baratas” (Perú 21, 2017). Esto genera mayor demanda de vehículos y de chóferes disponibles para manejarlos. No obstante, estos no son inspeccionados regularmente y no cumplen con el mínimo mantenimiento adecuado para su uso requerido por la municipalidad respectiva. Los conductores no cuentan con los documentos requeridos para ejercer dicho empleo y, en el peor de los casos, carecen de previa licencia de conducir. Esto indica el incremento de vehículos a todas las horas del día, lo que origina más caos y accidentes en las calles. Por ejemplo, según un artículo recuperado de la Redacción de El Comercio, en marzo de este año, se fiscalizaron cinco combis en la Avenida Petit Thouars y Arenales que debían más de 8 millones de soles por infracciones de tránsito. Una de ellas sumaba más de 3 millones de papeletas que aún no pagaba.

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En conclusión, la informalidad del transporte público en Lima está totalmente vinculada con la falta de una adecuada fiscalización por parte del Estado. Sin un control riguroso, cualquier persona con conocimientos básicos de manejo podría ganar dinero a costa de arriesgar nuestras vidas. El funcionamiento de la ATU debe ser oficializado cuanto antes. Con este cambio, la informalidad sería erradicada de la ciudad y la calidad de transporte para los limeños mejoraría. El Estado, por otro lado, debería promover y comunicar a la población sobre los riesgos de usar el transporte informal y cómo identificar uno, para evitar más accidentes y daños.

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